En un residencial ubicado en las calles Río de Janeiro y Río Paraná, se denunció que los residentes estarían sufriendo abusos por parte de los propietarios, según consignó la Policía de la Seccional 18 en Ciudad de la Costa.
Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se indicó a que «nunca llegó la denuncia, el médico que controla a los pacientes sigue en funciones». Desde el punto de vista sanitario el local «fue inspeccionado por un forense», de acuerdo a la evaluación primaria, «estaba todo bien» explicaron las fuentes.
«La continuidad asistencial a los pacientes del residencial está asegurada y desde el punto de vista social, la alimentación garantizada» señaló.
Por ahora, no se ha determinado el cierre del residencial que sigue funcionando bajo supervisión técnica sanitaria, según informaron fuentes del Ministerio de Salud.
El MSP brinda el apoyo técnico a través del Departamento de Ancianidad, dependiente del a Dirección General de Salud. Después del fallo de la justicia se trabajará en un «cierre cautelar» luego del trámite administrativo. El paso posterior es pedir la clausura y «el Mides contacta a las familias para que los vengan a buscar o en su defecto es propio Mides quien los debe realojar».
La directora departamental del Mides, Maricarmen Suárez, se excusó de dar mayor información que es de carácter «reservada». Se descartó que no hubiera lugares para llevarlos como trascendió y habría una disponibilidad de 35 cupos.
La fiscal del caso y personal de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, el apoyo de la Comisaría de Violencia Doméstica y Género de Lomas de Solymar, Médico Forense, personal del Ministerio de Desarrollo Social y del MSP realizaron un allanamiento en el lugar donde se detuvo al dueño Miguel Ángel Peirano, 65 años de edad, poseedor de un antecedente penal por el delito de apropiación indebida, y una mujer de 69.
Para la mujer se dispuso la condena por un delito continuado de abandono de niños y de personas incapaces, y un delito de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas en régimen de reiteración real, debiendo cumplir la pena de 20 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
En tanto, Peirano fue condenado a la pena de 15 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, por el delito de encubrimiento.
*Medios Públicos – Imágen meramente ilustrativa