No se levantó el veto a la ley de Casa de Galicia y los ex trabajadores anunciaron juicios: “El Estado va a terminar pagando”

El ambiente se empezó a calentar de a poco y, como el agua que hace silbar la caldera al hervir, la gente que poblaba las barras de la Asamblea General este miércoles de tarde en el Parlamento llegó al punto de ebullición cuando se contaron los votos y se anunció que no se levantaba el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley que cubre parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia, para lo cual se requerían los tres quintos de votos de cada cámara.

Varios de los extrabajadores estaban en las barras y, conocido el resultado, empezaron a insultar, entre gritos y llantos, a los legisladores del oficialismo que eligieron mantener el veto. Estuvieron así varios minutos, mientras sonaba el ensordecedor timbre del Parlamento que les avisaba que iban a ser desalojados. Inmediatamente después, quien presidía la sesión, la senadora blanca Graciela Bianchi, dio por finalizada la sesión.

Todos los legisladores del Frente Amplio (FA) y de Cabildo Abierto (CA) votaron para levantar el veto. En el Senado hubo 17 votos en contra de mantener el veto, en 29 presentes. El único nacionalista de la cámara alta que lo rechazó fue el senador Sergio Botana. Su colega Juan Straneo (suplente de Juan Sartori), que votó el proyecto de Casa de Galicia y estaba dispuesto a rechazar el veto, estuvo presente pero se fue de sala al momento de anunciar su voto (la votación se tomó nominal, legislador por legislador). Según supo la diaria, el presidente Lacalle Pou llamó a Straneo antes de la votación para que reconsiderara su postura, argumentando sobre el “impacto económico” que podría tener la norma si se mantiene tal como fue aprobada.

En tanto, en la cámara baja fueron 56 los votos de los que quisieron levantar el veto, en 97 presentes. Además de los diputados del FA, CA y de César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, rechazaron el veto los legisladores blancos Carmen Tort y Marcos Portillo, y el diputado colorado Eduardo Elinger, suplente de Germán Cardoso (que en el Senado, como suplente de Raúl Batlle, había votado el proyecto).

El debate

La sesión empezó cerca del mediodía. El senador del FA Óscar Andrade subrayó que hay “trabajadores y trabajadoras que estuvieron diez, 15, 20 años trabajando para esa mutualista y hoy están ante una situación de insolvencia”. “Cuando se colocó en la Ley [19.690, del Fondo de Garantía de Créditos Laborales] la circunstancia de sentencia firme, era para evitar fraude. ¿Alguien puede sostener en esta Asamblea General que los extrabajadores de Casa de Galicia están haciendo fraude, que no están ante un derecho adquirido en materia de cobro de despido?”, preguntó retóricamente.

Además, Andrade destacó que cuando empezó el proceso de liquidación de la mutualista los trabajadores no podían irse “porque no es una fábrica de tornillos, hay pacientes”. Por lo tanto, se establecieron “los mecanismos para garantizar la continuidad asistencial”. “Está mal, después de eso, recostarse en la interpretación de que entonces todo lo que generaron a partir de ahí queda fuera de la posibilidad del fondo de insolvencia, porque no fue para eso que se creó después de tres años y medio de discusión”, subrayó.

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana, que votó el proyecto y apoyó levantar el veto, remarcó que a los trabajadores de Casa de Galicia no les dieron “ningún tratamiento especial” en la norma aprobada recientemente, sino “exactamente los mismos criterios” que establece la Ley 19.690 y “que tiene toda empresa del sector privado que quiebra”. “Que nadie me venga a decir –como he escuchado por ahí– que es una empresa privada y ‘¿cómo que el Estado se tiene que hacer cargo?’. Todas las empresas de este país aportan a un fondo que administra el BPS, y de ese fondo se pagan los despidos cuando la empresa es insolvente. ¿Casa de Galicia no aportaba a ese fondo? ¿No tienen derechos sus trabajadores? ¿Desde cuándo?”, inquirió Botana.

Por su parte, el diputado blanco Pedro Jisdonian, que apoyó el veto, como la mayoría de su partido, subrayó que el seguro de paro que tuvieron los trabajadores de Casa de Galicia tuvo “características distintas al resto, por la situación que atravesaban”, ya que “fue por un año, tuvo un mayor tope y podían trabajar mientras lo cobraban”. Además, sostuvo que “también hay que decir que esta es la primera ley que se creó para distribuir el personal médico y no médico cuando cierra una mutualista”, y recordó que “cuando cerraban las mutualistas antes no había leyes que distribuyeran a los trabajadores”.

Trabajadores anunciaron juicios

“Tristeza es lo que prima”, dijo a la prensa Ximena Carrera, presidenta del gremio médico de la exmutualista, fuera del Parlamento, una vez finalizada la sesión de la Asamblea General. Subrayó que no merecían esa salida, ya que sólo querían que se cumpliera “con la palabra empeñada y con la ley vigente”. En cuanto a cómo seguirán, anunció que “se desatan todos los caminos judiciales”, que es una situación que querían “evitar”, pero “dependerá mucho de la decisión personal de cada trabajador”.

“Se nos ha tratado de privilegiados, pero no lo somos. Llamamos a todos los ciudadanos a que piensen qué empresa cierra y sus trabajadores se quedan dentro de ella brindando la atención a las personas y dándoles tiempo a los sectores políticos y de gobierno para buscar una salida conjunta. No existe, fuimos los únicos”, finalizó Carrera.

También a la salida, Flor Costanzo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, dijo sentir “profunda tristeza de ver que parte de un gobierno no respeta las leyes de este país ni los derechos de los trabajadores”, y agregó: “No entendemos por qué este ensañamiento con los trabajadores de Casa de Galicia. Otra Navidad en la que en nuestras casas no va a haber lo que hay en las casas de los legisladores que votaron para no levantar el veto”.

Luego, Costanzo coincidió en que ahora seguirán “con juicios, y el Estado va a terminar pagando lo que no quiso pagar ahora”. Agregó que los legisladores que apoyaron el veto dicen que no hay dinero, pero sostuvo que “no hay dinero para algunas cosas, para otras sí hay”.

Dos bibliotecas

A todo esto, minutos antes de finalizada la sesión, el senador del FA Alejandro Sánchez planteó que, según lo establecido por el artículo 138 de la Constitución, no hubo tres quintos para levantar el veto pero tampoco para mantenerlo, porque las posiciones a favor y en contra se dividieron prácticamente en dos mitades. Más tarde, en una conferencia de prensa de la oposición, el diputado Carlos Varela dijo que “lamentablemente, la conducción” que hizo Bianchi de la Asamblea General “fue confusa”, no permitió la explicación sobre lo establecido por los artículos 138 y 139 de la carta magna, y “levantó la sesión antes de tiempo”, ya que había legisladores anotados para “pedir la aclaración necesaria”. Por lo tanto, para Varela, según los dos artículos antes mencionados, este miércoles la Asamblea General “no confirmó el veto y tampoco lo levantó”.

Según esta interpretación, si no se convoca a otra sesión de la Asamblea General por este tema, el veto quedará firme automáticamente dentro de 30 días. Esta visión no es sólo del FA, sino que es compartida también por el senador blanco Jorge Gandini, quien, finalizada la sesión, escribió en su cuenta de X: “Sobre la interpretación del resultado de la votación, comparto que no hubo 3/5 para levantar el veto, pero tampoco lo hubo para confirmarlo, como lo exige el art. 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del PE, como lo prevé el art. 139”.

En diálogo con la diaria, Gandini dijo que para él “es muy claro” el texto de la Constitución, ya que establece que los tres quintos “podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas”. Por lo tanto, para Gandini, la interpretación de la mesa de la Asamblea General (la presidenta Bianchi y sus secretarios) es “errónea”.

*Tomado de La Diaria