Durante los meses más cruentos de la pandemia que ahora va perdiendo terreno, la alta y variable demanda de plazas hospitalarias obligó a verdaderos malabares logísticos, situación que hizo que numerosos pacientes acabaran internados en centros de salud fuera de sus localidades de residencia.
Este trasiego de personas y efectos personales parece haber facilitado confusiones o bien delitos lisos y llanos. Buena muestra de ello es lo que sucede en Soriano, donde el medio local Agesor da cuenta de al menos tres casos de familiares de pacientes fallecidos por covid que, a la hora de recobrar pertenencias de sus seres queridos, se encuentran con inexplicables faltantes.
El portal mercedario llama la atención sobre uno de estos casos, ya que en él se radicó una denuncia penal y hay una investigación avanzada por parte de policía y fiscalía.
La denuncia fue realizada por una familia de la localidad de Dolores, que sufrió la pérdida de uno de sus integrantes a causa del coronavirus. Esta persona estuvo internada en el CTI de una mutualista privada en Mercedes, donde -reclaman- no se les entregó el teléfono celular del paciente. Además, subrayan que el aparato había dejado de funcionar y que luego de fallecida esta persona volvió a encenderse, todo lo que fue comprobado a través de la empresa telefónica.
Una vez iniciada la investigación, uno de los familiares del fallecido recordó que durante la internación había enviado un mensaje de WhatsApp a su pariente y una enfermera le había atendido. Esa misma enfermera le contestó que no le hablara más porque se ponía nervioso y le hacía mal.
Al fallecer el paciente le pidieron el celular a la trabajadora, y esta dijo que estaba contaminado y que no podía entregarse en ese momento y que se les devolvería más tarde, junto al resto de las pertenencias del difunto. Estos efectos personales fueron remitidos efectivamente a la empresa funeraria de Dolores que se encargó del funeral, pero el teléfono no estaba en el paquete.
Así las cosas, la familia hizo el reclamo a la mutualista y se inició una investigación policial que apuntó de inmediato a la enfermera en cuestión. De acuerdo con la citada crónica, la profesional declaró haber tenido en su poder el aparato y habérselo llevado a su casa, «aun estando con vida la persona, para hacer determinadas llamadas y esperar respuestas», y que cuando volvió al turno siguiente la persona había fallecido y el celular quedó en su poder.
Luego agrego que cuando comenzaron a reclamar los familiares y al verse presionada, «decidió ponerlo en una bolsa y tirarlo al río Negro en zona de la isla del Puerto cerca del fondo de la isla», algo los familiares no creen.
La enfermera se mostró dispuesta a reparar el daño comprando un celular y entregándoselo a los familiares, algo previsto por el nuevo Código del Proceso Penal. Sin embargo, los familiares del difunto rechazan de forma terminante esta solución. Por el contrario, solicitan a fiscalía que se aplique la ley y se actúe de acuerdo con ella.
«Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona porque lo que ha hecho, en la situación en que se encontraba nuestro familiar y todos los sufrimos su pérdida, no podemos aceptar», señalaron allegados a la familia.
La última palabra la tiene la Justicia.