El alcalde nacionalista de la localidad de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y otras ocho personas, fueron condenadas en el marco de la “Operación Corruptio” en Florencio Sánchez, localidad del departamento de Colonia.
Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. Además del alcalde, fueron condenados su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejales del municipio.
En este caso nueve personas fueron condenadas por delitos contra la administración pública. 7 de ellas fueron condenadas a penas mixtas de prisión y libertad vigilada y 2 a penas de libertad vigilada.
La fiscal del caso Sandra Fleitas y el jefe de Policía de Colonia, Jhonny Diego, brindaron una conferencia de prensa en la que contaron los detalles del caso.
Fleitas señaló que el caso es de “gravedad” y uno de los “más significativos” ya que se trata de funcionarios públicos que “atentan contra la administración pública”.
El caso se dio en el marco de una investigación que comenzó en 2018 y lo retomó la fiscal Fleitas. “Se había hecho una denuncia por parte de un particular sobre una situación de irregular que había y a eso se le sumó una denuncia por parte de la Intendencia de Colonia respecto a conductas inadecuadas vinculadas con un funcionario público que desempeñaba funciones en lo que tenía que ver con la Dirección de Higiene”, comentó.
Fleitas señaló que “se pudo verificar que se entregaban materiales de la que compraba la intendencia y se entregaba a particulares o canastas de alimentación que se entregaba a particulares”. “No existía ningún respaldo administrativo, una solicitud hecha por los particulares, de que necesitaran esos efectos”, agregó. Por otro lado, se verificó que algunos de los formalizados “cobraban compensaciones especiales que eran imposibles por el tipo de tareas que las cobraran”. La fiscal puso como ejemplo que “quien se desempeñaba como secretaria tenía en su recibo de sueldo una compensación especial por realizar trabajo insalubre” y allí hubo “falsificación y un destino distinto al que está previsto en la normativa vigente”.
Por otro lado, la fiscal del caso dijo que “se entregaban boletos de transporte a particulares a cambio de la obtención de votos”. Parte de los materiales de construcción eran comprados a nombre de la alcaldía y utilizados “en provecho de parte de los procesados y condenados, usados para su propio beneficio personal”.
Fleitas señaló que se pudo constatar que se falsificaban firmas y se entregó documentación a la intendencia de gastos efectuados que se entregaba “por alguien que no tenía esas facultades”.