Operación Océano: no hay pruebas de red y hay varios docentes implicados

En este informe, Julio Scavino trae las novedades sobre la Operación Océano. Según le dijo la fiscal, no se ha probado la existencia de una red y hay un elemento que sorprende: la cantidad de docentes implicados. “Del caso lo que me sorprendió es la cantidad de docentes. Son varios los docentes imputados, docentes que están con niños, niñas y adolescentes”.

Una estrategia para fortalecer a los fiscales que actúan en la Operación Océano tuvo una buena respuesta ciudadana y permitió sumar nuevas víctimas al caso.  La semana pasada, llamó la atención ver en el sitio web de la Fiscalía General de la Nación un inusual mensaje de una fiscal solicitando a la población que, si tenía información referida al caso de la Operación Océano que investiga un extenso caso de abuso sexual contra adolescentes la compartiera a través del celular 091507531.

Se trataba de la fiscal Darviña Viera, quien lleva adelante esta operación desde su comienzo. Su aparición en ese video respondía a una estrategia de la Ficalía para fortalecer las capacidades del equipo de fiscales a cargo de la Operación Océano en la que un grupo de cuatro fiscales busca hacer justicia en un caso en que debe enfrentar a más de veinte abogados.

Con ese objetivo, la Fiscalía General de la Nación implementó una estrategia en la que apeló a la colaboración de la ciudadanía a través de un teléfono celular, a fortalecer los vínculos con la población y lograr el apoyo ciudadano y a la vez visibilizar este tipo de delitos.
La fiscal Viera, a cargo de la investigación, se mostró satisfecha con los resultados de la estrategia que tuvo, según dijo, una muy buena participación ciudadana y permitió sumar nuevas víctimas a partir de los contactos.

Así, el número de víctimas llegó a 15 y un equipo de cuatro fiscales lleva adelante la acusación contra 21 hombres mayores de edad formalizados por abuso sexual adolescente. Como medida cautelar, uno de los imputados espera el inicio del juicio en prisión preventiva.
Detrás de los hombres formalizados también hay al menos 21 abogados o equipos de abogados que se enfrentan a un equipo de cuatro fiscales que preparan la acusación. Ese aspecto es el que fundamenta la necesidad de fortalecer con más fiscales y estrategias de apoyo el trabajo que dirige Viera.

La causa está radicada en el Juzgado Penal de 33º Turno, a cargo de la doctora Adriana de los Santos.

El inicio

La denuncia de que una adolescente había sido abusada en el departamento de Maldonado fue el inicio de la investigación que prosiguió en Montevideo cuando la joven se trasladó a la capital y se radicó en la fiscalía especializada.

Paralelamente, en Atlántida estaba en curso otra investigación a partir del presunto suicidio de otra joven que se creía que podía haber sido abusada y cuyo cadáver había aparecido en el arroyo Solís Chico.

Al conectar las investigaciones se supo a través de los celulares que las adolescentes se conocían. Ambas tenían cuentas en sitios web de contactos y de venta en los que ofrecían servicios sexuales y en esos sitios (Locanto, Badoo, Tinder, entre otros) eran contactadas por adultos que les ofrecían diversas formas de restitución.

Las investigaciones comenzaron hace más de un año bajo la conducción de la fiscal Darviña Viera y tomaron estado público en mayo, cuando la fiscal solicitó a la Justicia los primeros cinco allanamientos simultáneos. Más adelante, la Justicia autorizó dos allanamientos simultáneos más con los resultados mencionados.

La mercantilización del cuerpo

Las formalizaciones se solicitaron ante la presunción de que se haya violado la Ley N° 17.815 de setiembre de 2004, que regula la violencia sexual contra niños adolescentes o incapaces y condena la mercantilización del cuerpo de los adolescentes.

El artículo 4° de la ley se refiere a la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y afirma que “el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.

¿Hay una red?

Una vez que el caso tomó estado público, se instalaron algunos debates en torno al tema. Uno ellos es si efectivamente existe una red en torno a las adolescentes. “Nosotros no hemos visto ninguna red”, dijo la fiscal Viera.

La fiscal no descartó que algunos imputados se conocieran, que quizá hasta hayan podido relacionarse con una misma adolescente, pero no fue por ese relacionamiento que se conocieron. Los diálogos registrados en los dispositivos móviles demuestran que no hay una red, entre otras evidencias.

En varios casos que surgen de los chats, ha quedado en evidencia que las adolescentes dijeron su verdadera edad, dijo Viera. Agregó que lo que más le sorprendió es que hay muchos docentes entre los imputados.

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